Cuando la neutralidad se utiliza para controlar la discrepancia
Las instrucciones del Gobierno de Ayuso en plena huelga docente reabren el debate sobre las libertades fundamentales y las posibles derivas autoritarias del poder político.
La neutralidad de la enseñanza pública es una garantía democrática. Nadie debería utilizar las aulas para adoctrinar al alumnado. Pero una cosa es impedir el adoctrinamiento y otra convertir la neutralidad en un instrumento de vigilancia sobre el profesorado.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado unas instrucciones sobre neutralidad institucional en plena huelga educativa madrileña.
El documento establece un procedimiento para comunicar posibles incumplimientos, incluso mediante un formulario específico.
Las direcciones deben trasladar determinadas incidencias sin necesidad de investigarlas ni aportar pruebas. Aunque corresponde posteriormente a la Inspección comprobar los hechos y garantizar los derechos del profesorado, este mecanismo plantea interrogantes sobre su necesidad y sus posibles efectos intimidatorios.
¿Neutralidad o control?
La Constitución protege la libertad de expresión, la libertad de cátedra y los derechos sindicales. Estos derechos no desaparecen cuando un docente entra en un centro educativo.
Lo llamativo es que el adoctrinamiento ya estaba prohibido y la Inspección Educativa ya tenía competencias para intervenir. ¿Por qué introducir ahora nuevas instrucciones y mecanismos de comunicación, precisamente durante un conflicto laboral?
Y surge otra cuestión interesante: mientras se extreman las precauciones frente a las opiniones políticas y sindicales del profesorado, la enseñanza pública sigue acogiendo asignaturas confesionales impartidas por docentes de Religión.
Su presencia tiene respaldo constitucional y legal, y la asignatura es voluntaria para el alumnado. Pero invita a una reflexión: ¿se está defendiendo realmente la neutralidad educativa o se está aplicando con especial rigor cuando las ideas cuestionan al poder político?
Una preocupación que va más allá de Madrid
Las posibles derivas autoritarias de los partidos no siempre se manifiestan mediante prohibiciones abiertas. También pueden aparecer cuando los gobiernos amplían los mecanismos de control, desconfían de quienes discrepan o convierten la protesta en un problema que debe vigilarse.
La Comunidad de Madrid defiende que pretende garantizar la neutralidad educativa. Los sindicatos, por el contrario, cuestionan las instrucciones por sus posibles efectos sobre las libertades del profesorado.
La controversia merece un examen jurídico riguroso, pero también una reflexión democrática que debería aplicarse con el mismo criterio, gobierne quien gobierne.
La democracia no consiste en conseguir que nadie proteste, sino en garantizar que pueda hacerlo sin temor a represalias.
Porque la neutralidad educativa debe servir para proteger el pluralismo, nunca para silenciar la discrepancia.
Atención a lo que viene
Manuel Afonso
