Francisco Atta, Fabiola Calderín y los plenos interminables
Cuando el expediente dura cinco minutos y el debate media hora
Uno de los problemas que arrastra la política municipal de Valsequillo desde hace años no tiene que ver con el agua, el saneamiento o los presupuestos. Tiene que ver con la forma en que se desarrollan los debates plenarios. Quien haya seguido varios plenos municipales sabe que asuntos relativamente sencillos terminan convirtiéndose con frecuencia en discusiones interminables, llenas de explicaciones repetidas, referencias a expedientes antiguos y aclaraciones que vuelven una y otra vez sobre el mismo punto.
El último pleno volvió a dejar un ejemplo bastante claro de esta situación. La modificación de la anualidad 2026 del FDCAN ocupó aproximadamente treinta y cinco minutos de debate. Lo curioso es que no se estaba aprobando una obra concreta, ni una adjudicación, ni un proyecto definitivo. Lo que se sometía a votación era una modificación administrativa destinada a sustituir una actuación que no podía ejecutarse por una formulación más amplia que permitiera conservar la financiación y concretar posteriormente las inversiones. En definitiva, se trataba de evitar que el municipio perdiera recursos económicos importantes.
El propio alcalde explicó en varias ocasiones que lo que se votaba era únicamente la modificación de la anualidad y no las actuaciones concretas que se ejecutarían más adelante. También aclaró que el objetivo era disponer de una herramienta suficientemente flexible para financiar infraestructuras básicas, asfaltado, alumbrado y otras actuaciones municipales cuando llegara el momento de concretarlas.
Una duda razonable que acabó ocupando demasiado tiempo
La primera en mostrar sus dudas fue Fabiola Calderín. La portavoz de Coalición Canaria insistió varias veces en que el nuevo título propuesto —«Red de accesos estratégicos y vertebración territorial»— no permitía entender con claridad qué actuaciones pretendía financiar el Ayuntamiento.
Y razón no le faltaba.
Para cualquier vecino que escuche esa denominación resulta difícil imaginar si se está hablando de carreteras, senderos, alumbrado, movilidad o cualquier otra actuación municipal.
El problema no fue la pregunta.
El problema fue el tiempo dedicado a obtener una respuesta que, finalmente, resultó bastante sencilla.
Tras varias intervenciones, el alcalde terminó aclarando que la intención era destinar esos fondos a infraestructuras básicas, asfaltado, alumbrado, aceras y actuaciones similares. Una vez recibida esa explicación, Fabiola Calderín anunció su voto favorable.
Sin embargo, para entonces el debate ya había consumido una parte importante del tiempo dedicado al expediente.
Lo que comenzó como una petición legítima de aclaración terminó convirtiéndose en una discusión excesivamente larga para el alcance real de la decisión que se estaba tomando.
Francisco Atta tomó el relevo
Si Fabiola Calderín abrió el debate, fue Francisco Atta quien terminó llevándolo mucho más lejos.
Una vez aclarada la finalidad general de la modificación, el exalcalde amplió el foco hacia reprogramaciones anteriores del FDCAN, proyectos de eficiencia energética, actuaciones aprobadas en ejercicios pasados, prioridades presupuestarias y alternativas de financiación vinculadas a los daños de la borrasca.
Todo ello puede resultar interesante desde un punto de vista político o administrativo. Nadie discute que forma parte de la realidad municipal. Pero la cuestión es otra: ¿era realmente necesario dedicar más de media hora a una modificación cuyo objetivo principal era evitar la pérdida de financiación pública?
Lo llamativo es que Francisco Atta no es precisamente un recién llegado a la gestión municipal. Ha sido alcalde durante años y conoce perfectamente cómo funcionan las subvenciones públicas, las reprogramaciones de proyectos y las modificaciones de actuaciones que cualquier administración realiza cuando cambian los plazos o las circunstancias.
Precisamente por esa experiencia debería ser uno de los primeros en distinguir entre la decisión que se está tomando y los debates que podrán venir más adelante.
Porque una cosa es discutir qué obras concretas se ejecutarán.
Y otra muy distinta es discutir si el Ayuntamiento debe mantener la posibilidad de acceder a los fondos para poder ejecutarlas.
Un viejo hábito que los vecinos conocen bien
La sensación que dejó este debate no es nueva para muchos vecinos de Valsequillo.
Durante años, cuando Francisco Atta ocupó la Alcaldía, una de las críticas más repetidas era precisamente la duración de sus intervenciones. No era extraño que asuntos relativamente simples acabaran acompañados de largos antecedentes históricos, explicaciones técnicas y referencias a expedientes de ejercicios anteriores.
Muchos ciudadanos terminaban con la misma impresión: una explicación que podía resolverse en pocos minutos acababa prolongándose durante veinte o treinta.
Ahora que ocupa la oposición, esa forma de intervenir parece mantenerse. Han cambiado los asientos dentro del salón de plenos, pero determinadas costumbres siguen siendo perfectamente reconocibles para quienes llevan años siguiendo la política local.
Y ese es precisamente el problema.
No se trata de la posición que ocupa un concejal.
Se trata de una forma de entender el debate político que muchas veces termina alejando a los ciudadanos de las instituciones.
El alcalde también tiene una responsabilidad
Ahora bien, sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre Francisco Atta y Fabiola Calderín.
Juan Carlos Hernández es el alcalde y quien preside los plenos. Por tanto, también tiene una responsabilidad evidente en la conducción de los debates. Nadie le pide que limite la participación de la oposición ni que impida formular preguntas. Eso sería un error.
Pero sí puede hacer algo que muchos vecinos agradecerían: evitar que los debates entren en círculos repetitivos.
Cuando una explicación ya se ha ofrecido varias veces.
Cuando el objeto del expediente ya ha quedado suficientemente aclarado.
Cuando el debate empieza a desviarse hacia cuestiones que no forman parte de la votación.
La Presidencia tiene la obligación de reconducir la sesión.
No para censurar.
No para impedir intervenir.
Sino para garantizar que el pleno siga siendo útil y comprensible para quienes lo están siguiendo.
Porque presidir un pleno no consiste únicamente en conceder turnos de palabra y realizar votaciones. También implica velar por la calidad del debate y por el respeto al tiempo de los vecinos que siguen la sesión desde sus casas.
Seis horas de pleno son demasiadas para cualquier vecino
El verdadero problema es que esta situación no es excepcional. Se repite con demasiada frecuencia.
Los plenos se prolongan durante cinco, seis o incluso más horas mientras asuntos relativamente sencillos consumen cantidades desproporcionadas de tiempo. Explicaciones que vuelven a repetirse. Preguntas ya respondidas. Réplicas sobre cuestiones accesorias. Matices sobre matices.
Al final, la ciudadanía desconecta.
Y cuando los vecinos dejan de seguir los debates municipales, todos los grupos políticos salen perdiendo.
La política local tiene asuntos mucho más importantes sobre los que merece la pena dedicar tiempo y profundidad: la situación económica del Ayuntamiento, las infraestructuras dañadas por la borrasca, la red de saneamiento, los servicios públicos, la movilidad o las políticas sociales.
Esos sí son debates que justifican largas discusiones.
Lo que resulta más difícil de entender es que una modificación administrativa destinada a conservar financiación pública termine ocupando más de treinta y cinco minutos de pleno.
Quizá el verdadero problema no sea quién tenía razón en aquel debate.
Quizá la pregunta que deberían hacerse todos los grupos políticos sea mucho más sencilla:
¿Están los plenos sirviendo para acercar la política a los vecinos o se están convirtiendo en ejercicios de resistencia para quienes intentan seguirlos desde casa?
Porque cuando una sesión supera ampliamente las seis horas de duración, el problema ya no es quién gana el debate.
El problema es que la mayoría de la ciudadanía deja de escucharlo.
