Gran Canaria en el Senado: ¿votará el PP con la nariz tapada?
Por Manuel Afonso
El Senado no es el Congreso de los Diputados. La Constitución española lo define expresamente en su artículo 69 como la cámara de representación territorial. Por esta razón, el sistema electoral a la Cámara Alta no funciona mediante listas cerradas y bloqueadas: los ciudadanos eligen con nombres y apellidos a las personas que defenderán su territorio.
Ante este escenario, la inclusión de Alba Moreno Santa en la candidatura del Partido Popular al Senado por Gran Canaria —fruto de los acuerdos entre las cúpulas de Génova y Bambú— sitúa a los votantes conservadores de la isla ante un dilema ético y político de primer orden: ¿van a votar con la nariz tapada en la única cámara diseñada para defender la singularidad insular?
Un paracaidismo político sin arraigo insular
Moreno concurre formalmente como independiente, pero su trayectoria pública desmiente cualquier neutralidad: ha sido responsable de comunicación de Vox en las cuatro provincias gallegas, formó parte del aparato de prensa estatal del partido en Madrid y concurrió en 2023 en el cuarto puesto de la lista de Vox al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Su vinculación con Gran Canaria, sus problemas estructurales y sus aspiraciones no consta en ningún registro público ni en su hoja de servicios.
A esta falta de arraigo se añade un elemento de especial fricción en el archipiélago: su trayectoria profesional previa en comunicación corporativa vinculada a empresas del sector petrolero. En una tierra con una memoria colectiva aún viva sobre el rechazo social e institucional a las prospecciones en aguas canarias, y en pleno debate sobre la transición ecológica, la soberanía energética y la preservación del litoral, el perfil despierta dudas razonables.
Haber trabajado en el sector de los hidrocarburos no presupone automáticamente una defensa de las prospecciones, pero en Gran Canaria el modelo energético no admite ambigüedades. Quien aspira a representar a la isla en la Cámara territorial tiene la obligación moral y política de aclarar qué postura defenderá cuando toque proteger las costas y el mar de las islas.
La disciplina de partido frente al interés insular
La designación evidencia una práctica habitual en la política centralista: utilizar las candidaturas territoriales de la periferia como moneda de cambio para satisfacer compromisos de despacho firmados a casi dos mil kilómetros del archipiélago.
La pregunta no interpela únicamente a la dirección insular del PP —obligada a explicar qué grado de autonomía le queda si acepta imposiciones de esta naturaleza—, sino directamente al electorado conservador de la isla.
Votar «con la nariz tapada» por disciplina de bloque supone avalar que Gran Canaria carece del peso propio necesario para decidir quién habla en su nombre en Madrid, donde se dirimen el Régimen Económico y Fiscal (REF), la conectividad aérea y marítima o la gestión del fenómeno migratorio. El votante tradicional del Partido Popular en la isla, caracterizado históricamente por combinar el ideario liberal o conservador con una firme defensa del autogobierno económico y social de Canarias, se encuentra frente a una papeleta que desvirtúa el espíritu de la representación insular.
La libertad de las listas abiertas
En el Senado, la papeleta sepia otorga al elector la potestad de marcar cruces individuales, premiar perfiles solventes o castigar maniobras de paracaidismo. No existe obligación alguna de marcar el bloque completo de una sigla.
El pacto entre PP y Vox podrá obligar a los aparatos de partido, pero no ata a la ciudadanía. Quienes acudan a las urnas deberán decidir si su prioridad es convalidar un reparto de cuotas ajeno a la realidad insular o exigir que quien represente a Gran Canaria en Madrid conozca, viva, comprenda las heridas medioambientales y responda ante la tierra que le otorga el escaño.
