El Pleno de Valsequillo aprueba 712.146 euros para pagar facturas pendientes y reprograma el FDCAN de 2026
La sesión extraordinaria y urgente estuvo marcada por un duro enfrentamiento entre el Gobierno municipal y Francisco Atta sobre las facturas heredadas, la gestión económica, las subvenciones pendientes y el retraso en el pago a proveedores
El Pleno del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria aprobó este lunes, 20 de julio, una transferencia de crédito por importe de 712.146 euros destinada a reforzar diferentes partidas presupuestarias y permitir el pago de facturas pendientes a proveedores municipales.
La Corporación también dio luz verde a la modificación de las actuaciones incluidas en la anualidad de 2026 del Fondo de Desarrollo de Canarias —FDCAN—. Los tres asuntos incluidos en el orden del día fueron aprobados por unanimidad de los concejales presentes.
La sesión, convocada con carácter extraordinario y urgente a las 8.00 horas, contó con las ausencias justificadas de Armando Suárez, José Juan Pérez y Fabiola Calderín. Antes de comenzar el debate, el alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, felicitó a la selección española por la consecución del Mundial y agradeció a la Asociación de Vecinos El Cristo de La Barrera la organización de las retransmisiones de los partidos.
La urgencia, aprobada por unanimidad
El alcalde explicó que la convocatoria urgente respondía a dos cuestiones: habilitar los recursos necesarios para pagar a proveedores y modificar la programación del FDCAN de 2026 para poder ejecutar los fondos dentro de los plazos establecidos.
El portavoz de ASBA, Francisco Atta, cuestionó la planificación del Gobierno municipal y consideró que los asuntos podían haberse llevado a una sesión ordinaria. No obstante, anunció el voto favorable de su grupo al entender que se trataba de decisiones importantes para el municipio.
La urgencia fue aprobada por unanimidad.
Reprogramación de 543.000 euros del FDCAN
El segundo punto abordó la modificación de las actuaciones incluidas en la anualidad de 2026 del FDCAN.
Según explicó el alcalde, a Valsequillo le corresponden anualmente 543.000 euros, financiados al 50 % por el propio Ayuntamiento y por el Gobierno de Canarias, a través del Cabildo de Gran Canaria.
El objetivo de la reprogramación es cambiar el destino inicialmente previsto para esos recursos y emplearlos en actuaciones que puedan ejecutarse dentro de los plazos establecidos.
Francisco Atta sostuvo que el Gobierno había llegado tarde tanto en la anualidad de 2025 como en la de 2026 y defendió que una tramitación anterior habría permitido ejecutar el plan de asfaltado previsto. Pese a sus críticas, votó a favor de la modificación, que quedó aprobada por unanimidad.
Una transferencia de crédito de 712.146 euros
El principal debate de la sesión se produjo durante la aprobación de una transferencia de crédito por 712.146 euros.
El concejal de Hacienda, Víctor Navarro, explicó que el dinero se obtiene de partidas destinadas a la amortización de préstamos, mantenimiento de infraestructuras e inversiones inmobiliarias, para incorporarlo a áreas que necesitan crédito con el que atender facturas pendientes.
El alcalde recordó que el presupuesto de 2026 tuvo que asumir aproximadamente 1,74 millones de euros en facturas correspondientes a 2025, lo que habría reducido considerablemente la disponibilidad económica para afrontar los gastos del presente ejercicio.
Según el Gobierno municipal, la transferencia permitirá reforzar las partidas destinadas, entre otras áreas, a residuos, festejos y diferentes servicios municipales.
Navarro aseguró que el actual Gobierno está intentando cambiar una forma de gestión asentada durante años, aunque reconoció que la reorganización económica y administrativa requiere tiempo.
La oposición cuestiona la planificación
Francisco Atta afirmó que una parte de las facturas de 2025 podría haberse tramitado antes de finalizar aquel ejercicio y acusó al Gobierno de trasladar al presupuesto de 2026 gastos que deberían haberse reconocido anteriormente.
También destacó que la modificación retiraba alrededor de 350.000 euros de partidas de inversiones y 360.000 euros de una aplicación destinada a amortizar préstamos, para trasladarlos a gasto corriente.
El portavoz de la oposición puso especialmente el foco en el incremento de las partidas de festejos y residuos. Según expuso, se incorporaban alrededor de 195.000 euros para festejos y 326.000 euros para residuos y limpieza viaria.
Atta consideró que estos movimientos evidenciaban una falta de planificación y afirmó que algunos proveedores que prestaron servicios durante los primeros meses de 2026 todavía no habían cobrado.
Pese a sus críticas, justificó el voto favorable de su grupo en la necesidad de que las empresas y profesionales que han trabajado para el Ayuntamiento reciban sus pagos cuanto antes.
El Gobierno habla de “facturas en los cajones”
La respuesta del concejal de Hacienda fue especialmente dura. Víctor Navarro acusó al anterior Gobierno de haber dejado sin tramitar cientos de facturas y sostuvo que buena parte de las dificultades económicas actuales proceden de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores.
Navarro rechazó que las partidas destinadas a determinadas obras se hubieran eliminado por falta de voluntad política. En el caso del muro de Lomitos de Correa, afirmó que el problema no era económico, sino administrativo.
También defendió el aumento de la partida de festejos, recordando que el Ayuntamiento continúa trabajando con un presupuesto prorrogado de 2023 que contemplaba únicamente 45.000 euros para esa área.
La concejala Inmaculada García se sumó a las críticas y aseguró que el actual Gobierno está tratando de recuperar la credibilidad del Ayuntamiento frente a las empresas y proveedores, después de encontrar facturas correspondientes a varios ejercicios anteriores.
Facturas de 2013 y devoluciones de subvenciones
En su intervención final, el alcalde acusó a Francisco Atta de utilizar como ejemplo el retraso de varios meses con algunos proveedores actuales mientras existían facturas pendientes desde 2013.
Juan Carlos Hernández afirmó que determinados proveedores tendrán que acudir a la vía judicial porque las facturas están prescritas administrativamente y señaló que el Ayuntamiento les ha recomendado ese procedimiento para poder reconocer y abonar las cantidades reclamadas.
El alcalde aseguró que el objetivo municipal es pagar, entre finales de agosto y principios de septiembre, al menos la mitad de las facturas correspondientes a 2026 y reducir el retraso hasta situarlo en unos dos o tres meses.
También rechazó que se hubieran perdido los fondos del FDCAN de 2025. Explicó que la parte municipal, aproximadamente 271.000 euros, continúa consignada y añadió que se están realizando gestiones para obtener una ampliación del plazo correspondiente a la aportación autonómica.
El enfrentamiento se extendió a las subvenciones que el Ayuntamiento deberá devolver. El Gobierno municipal cifró en más de 1,5 millones de euros las ayudas no ejecutadas, incluyendo alrededor de 859.000 euros destinados a la ampliación de las Casas Consistoriales.
El alcalde recordó que aquella obra había sido anunciada para comenzar en enero de 2025 y finalizar en diciembre del mismo año, pero sostuvo que cuando se produjo el cambio de Gobierno únicamente se había colocado la primera piedra.
Tensión por los turnos de palabra
La parte final del Pleno estuvo marcada por varios cruces entre el alcalde y Francisco Atta.
El presidente de la Corporación pidió al portavoz de la oposición que no interrumpiera su intervención y rechazó concederle un tercer turno de palabra. Atta argumentó que el alcalde había incorporado nuevos asuntos al debate, mientras que Hernández defendió que se había limitado a responder a los temas planteados previamente por el propio portavoz.
Finalmente, la transferencia de crédito fue aprobada por unanimidad.
El Gobierno municipal defendió que la modificación permitirá avanzar en el pago ordenado de las facturas y aseguró que los proveedores cobrarán siguiendo estrictamente el orden de entrada de los documentos.
La sesión concluyó después de aproximadamente 46 minutos, con todos los puntos del orden del día aprobados por unanimidad.
