Transparencia, alegaciones y fiscalización: lo que los plenos no terminaron de aclarar
Los últimos plenos de Valsequillo han dejado una cuestión política de fondo que va más allá de las personas implicadas.
La pregunta es sencilla:
¿dispone realmente el vecino de la información necesaria para conocer, entender y fiscalizar lo que ocurre en su Ayuntamiento?
Y conviene plantearla con prudencia, porque aquí existen versiones enfrentadas y no todo puede darse por probado.
Antonio Toscano sostiene en sus alegaciones contra la Modificación de Crédito 11/2026 que el acceso al expediente no fue completo ni suficientemente claro durante el periodo de exposición pública y que la documentación que recibió inicialmente era incompleta.
Desde el ámbito municipal se sostiene, por el contrario, que la información sí fue facilitada.
Sin disponer de toda la trazabilidad documental —registros, comunicaciones, enlaces habilitados y documentos efectivamente entregados— no sería riguroso afirmar aquí quién tiene definitivamente razón.
Pero esa discusión no elimina el problema principal.
Se desestimaron las alegaciones, pero el Pleno explicó poco sobre el fondo
En la sesión se ofrecieron algunas respuestas generales.
Se recordó que la modificación había sido publicada en el BOP, se defendió la validez jurídica de la Intervención accidental y se explicó que la transferencia presupuestaria no suponía incrementar el gasto, sino trasladar crédito entre aplicaciones.
Sin embargo, quien siguiera exclusivamente el Pleno no recibió una explicación detallada, punto por punto, de las principales alegaciones planteadas.
No se desarrolló públicamente con claridad qué respuesta concreta se daba a las cuestiones sobre el acceso al expediente, las objeciones formuladas sobre determinados informes o las demás cuestiones técnicas incluidas en el escrito.
Finalmente, el alcalde leyó las conclusiones del informe proponiendo desestimar las reclamaciones “por los fundamentos expuestos en el presente informe”, y la desestimación fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Eso puede ser suficiente formalmente si el acuerdo está correctamente motivado en el expediente.
Pero políticamente hay otra cuestión:
el vecino que escuchaba el Pleno conoció mucho mejor la defensa del interventor accidental que los argumentos técnicos concretos por los que se rechazaban las alegaciones.
Y transparencia no consiste únicamente en que exista un informe dentro de un expediente.
También consiste en explicar.
La defensa de Francisco Hernández tenía motivos, pero no resolvía las cuestiones técnicas
Aquí también conviene ser justo.
Las alegaciones contienen expresiones duras. En determinados pasajes se habla de “conchabeos” y también se emplea la expresión “complicidad o complacencia” en referencia al interventor accidental.
Por tanto, es perfectamente comprensible que el alcalde quisiera defender públicamente la trayectoria, profesionalidad y honorabilidad de Francisco Hernández.
La oposición también se sumó posteriormente a esa defensa.
Pero una cosa no debería sustituir a la otra.
Defender la honorabilidad de un funcionario es legítimo. Convertir sus informes en una verdad incuestionable, no. En una Administración democrática, los actos se motivan, se revisan y se fiscalizan, los firme quien los firme.
Un funcionario puede ser un magnífico profesional y, al mismo tiempo, un informe concreto puede ser discutido, revisado o requerir explicaciones.
Fiscalizar un acto administrativo no equivale necesariamente a desacreditar personalmente a quien lo firma.
Y esa diferencia debería haberse explicado mejor.
La oposición también tiene una responsabilidad
Otro dato relevante es el poco tiempo del que dispusieron algunos concejales para examinar la documentación.
Durante las sesiones se reconoció públicamente que la documentación había llegado con muy poco margen y que no había podido estudiarse con el detenimiento deseado.
En el segundo Pleno, referido ya a otro expediente —el REC 5/2026— Fabiola Calderín preguntó cuánto tiempo podrían seguir teniendo acceso al expediente para descargarlo y estudiarlo, evitando tener que volver a solicitar documentación por registro y generar más trabajo administrativo.
El alcalde respondió que, debido al carácter urgente de la sesión y precisamente porque no habían podido estudiar los documentos con suficiente tiempo, podrían disponer de toda la semana siguiente para acceder, descargarlos y analizarlos “con detenimiento y profundidad”.
Conviene aclarar que esto se refiere al segundo expediente y no a las alegaciones de la Modificación de Crédito 11/2026.
Pero la imagen política sigue siendo llamativa:
disponer después de la votación del tiempo que no se tuvo antes para estudiar.
La confianza en los técnicos es necesaria.
La fiscalización política también.
Otro expediente y más de 380 facturas
Horas después se debatió el REC 5/2026, expediente 2775/2026, un asunto diferente que no debe confundirse con las alegaciones anteriores.
En ese segundo expediente se habló de más de 380 facturas por un total de 897.541 euros, fundamentalmente correspondientes al periodo enero-junio de 2026.
El propio alcalde reconoció además que el actual gobierno había incurrido también en facturas con omisión de función interventora y manifestó que ese no era el procedimiento adecuado.
Posteriormente utilizó una expresión todavía más clara: afirmó que recurrir a esa vía constituía una irregularidad porque suponía vulnerar un procedimiento.
Eso no permite afirmar que las más de 380 facturas carecieran todas de crédito ni que todas presentaran exactamente el mismo problema.
Para asegurarlo habría que estudiar el expediente completo.
Pero sí demuestra que existen cuestiones administrativas reales que merecen vigilancia y explicación.
¿El problema es quien fiscaliza?
Durante los plenos se habló bastante de las prisas y dificultades generadas por las alegaciones.
Pero existe otra perspectiva.
Fiscalizar un Ayuntamiento requiere tiempo.
Leer expedientes, comparar informes, registrar escritos y presentar alegaciones no es una actividad especialmente agradecida.
Quien lo hace puede equivocarse. Puede formular argumentos jurídicos incorrectos. Incluso puede utilizar expresiones que sobren, como ocurre en algunos puntos del escrito analizado.
Pero el hecho de fiscalizar no debería convertirse por sí mismo en el problema.
Una democracia local también necesita vecinos que pregunten, revisen documentos y exijan explicaciones.
No porque tengan siempre razón.
Sino porque nadie debería tener razón simplemente porque ocupa un cargo o firma un informe.
Y existe además una cuestión práctica.
La propia Fabiola Calderín explicó que quería mantener el acceso al expediente precisamente para no tener que pedir posteriormente los documentos por registro y generar más volumen de trabajo.
Es una observación bastante reveladora.
Cuando la información se facilita correctamente, de manera clara y de una sola vez, disminuyen los escritos posteriores, los requerimientos, las reclamaciones y las horas administrativas necesarias para responderlos.
Por eso la pregunta quizá no sea quién presenta demasiados escritos.
Quizá sea:
¿cuántos escritos podrían evitarse si el ciudadano pudiera acceder desde el principio a la información que necesita de forma clara, completa y comprensible?
Mi experiencia personal
Y aquí separo claramente mi experiencia del expediente que estamos analizando.
Llevo aproximadamente ocho meses solicitando información y documentación sobre otro asunto municipal.
He presentado varios escritos sobre el mismo tema y, hasta hoy, no he recibido respuesta a ninguno de ellos.
No utilizo mi caso para demostrar que haya ocurrido exactamente lo mismo en las alegaciones de Toscano.
Son asuntos diferentes.
Pero ocho meses, varios escritos y ninguna respuesta tampoco ayudan a confiar en una transparencia efectiva.
Porque para un ciudadano la transparencia no se mide por declaraciones institucionales.
Se mide cuando pregunta.
Y especialmente cuando espera una respuesta.
Transparencia no es solo publicar
Publicar un anuncio en el BOP es transparencia formal.
Disponer de una sede electrónica también.
Retransmitir los plenos es positivo.
Pero todo eso puede coexistir con un ciudadano que continúa sin comprender qué se ha decidido, por qué se ha decidido o dónde puede consultar exactamente la documentación que necesita.
La transparencia real exige algo más.
Que la información sea accesible, completa, comprensible y llegue a tiempo.
Y también que, cuando alguien formula una alegación, no baste con decir que se desestima.
Debe poder entenderse por qué.
Este artículo tampoco pretende afirmar que Toscano tenga razón en todas sus alegaciones.
No disponemos de elementos suficientes para sostener algo así.
Tampoco permite concluir que el Ayuntamiento haya incumplido cada una de las obligaciones que se le atribuyen.
Lo que sí dejan los documentos y los propios plenos es una conclusión más sencilla:
quedan demasiadas cuestiones que el ciudadano tuvo que descubrir leyendo alegaciones, comparando documentos y siguiendo varias sesiones para poder entenderlas.
Y quizá ahí esté el verdadero debate político.
Una buena Administración no es aquella en la que nadie reclama.
Es aquella en la que cada vez existen menos motivos para tener que hacerlo, porque informa bien, responde a tiempo y explica sus decisiones.
