Valsequillo estrecha el control sobre sus concejales: declaraciones anuales, incompatibilidades y posibles consecuencias económicas
El Ayuntamiento obligará desde 2026 a todos los concejales a actualizar cada año sus bienes, intereses y situación laboral. La medida no solo afecta a la transparencia: también permitirá detectar posibles incompatibilidades y revisar, llegado el caso, las retribuciones percibidas durante el periodo afectado.
El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria exigirá a partir de este año que todos los miembros de la Corporación presenten anualmente su declaración de bienes, intereses y situación laboral, además de comunicar de forma inmediata cualquier modificación que pueda tener relevancia a efectos de incompatibilidad.
El anuncio supone un cambio respecto a la práctica seguida hasta ahora en el Consistorio, donde esta documentación se aportaba principalmente en dos momentos concretos: la toma de posesión y el cese. Con el nuevo protocolo, los concejales deberán mantener actualizada su situación durante todo el mandato.
La medida puede parecer inicialmente una cuestión burocrática o de transparencia, pero su alcance es mayor.
No se trata únicamente de saber qué patrimonio tiene cada concejal
La declaración no se limita a inmuebles, cuentas o bienes patrimoniales. La normativa obliga también a informar sobre intereses, actividades económicas, participación en sociedades, situación laboral y posibles causas de incompatibilidad.
La propia nota municipal recuerda que el artículo 75.7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local obliga a los representantes locales a formular declaraciones sobre posibles incompatibilidades y bienes patrimoniales, incluyendo participaciones societarias y determinadas autoliquidaciones tributarias, entre ellas las correspondientes a Renta, Patrimonio y Sociedades.
Por tanto, la actualización anual permitirá conocer no solo cómo evoluciona el patrimonio de quienes ocupan un cargo público, sino también qué actividades profesionales o económicas mantienen mientras ejercen sus responsabilidades municipales.
El foco sobre las dedicaciones exclusivas
Este control adquiere una relevancia especial en aquellos cargos que desempeñan sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.
En estos casos, el régimen de incompatibilidades no se limita a impedir determinadas dobles percepciones procedentes del sector público. También alcanza al ejercicio de actividades privadas, profesionales, laborales, mercantiles o empresariales cuando concurren las circunstancias previstas legalmente.
Es precisamente ahí donde la obligación de mantener actualizadas las declaraciones adquiere una dimensión que va mucho más allá de la mera transparencia.
La dedicación exclusiva implica unas condiciones determinadas para poder percibir las correspondientes retribuciones públicas, y esas condiciones deben cumplirse durante todo el periodo en que se cobra dicha dedicación.
Una incompatibilidad puede tener efectos económicos
La cuestión más delicada aparece cuando una posible incompatibilidad no se detecta inmediatamente.
Si posteriormente se acreditase que durante un determinado periodo existió una situación incompatible con el régimen de dedicación establecido, sus consecuencias no tienen por qué comenzar necesariamente en el momento en que la Administración tenga conocimiento de ella.
Dependiendo de las circunstancias concretas y de la resolución administrativa o judicial que proceda, podría ser necesario determinar desde cuándo existió esa situación y revisar las retribuciones percibidas durante el periodo afectado.
En determinados supuestos, esa revisión podría llegar a traducirse en la exigencia de reintegro de cantidades que hubieran sido indebidamente percibidas.
Es decir, el problema no estaría exclusivamente en corregir una incompatibilidad hacia el futuro, sino también en analizar qué ocurrió durante el tiempo en que esta pudiera haberse mantenido.
Una incompatibilidad no comienza necesariamente a producir efectos el día en que alguien la descubre.
La obligación de comunicar cualquier cambio
Ese es uno de los elementos más relevantes del nuevo protocolo anunciado por el Ayuntamiento.
Los concejales no tendrán que esperar a la declaración anual si cambia su situación. El Consistorio establece expresamente la obligación de comunicar inmediatamente cualquier variación en su patrimonio, ingresos o situación laboral que pueda generar algún tipo de incompatibilidad.
La actualización permanente permitirá, por tanto, determinar con mayor precisión cuándo comienza una nueva actividad profesional, cuándo aparece una participación empresarial o cuándo cambia cualquier circunstancia que pudiera tener consecuencias sobre la compatibilidad con el cargo.
También reduce considerablemente el margen para alegar posteriormente desconocimiento o falta de actualización de la información existente en los registros municipales.
Registros públicos que deberán mantenerse actualizados
Toda esta información se incorporará al Registro de Actividades y al Registro de Bienes Patrimoniales de la entidad local, registros de carácter público que, según anuncia el Ayuntamiento, pasarán a mantenerse actualizados anualmente.
La medida introduce así una herramienta de control que permite contrastar la evolución patrimonial y profesional de los cargos públicos durante el mandato y no únicamenteen el momento en que entran o abandonan la Corporación.
Y ese seguimiento puede resultar especialmente relevante cuando se trata de concejales que perciben retribuciones con cargo al presupuesto municipal.
“La ejemplaridad en política no es una opción”
El alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, vincula directamente la medida con la transparencia y la rendición de cuentas de quienes desempeñan responsabilidades públicas.
«Quienes nos dedicamos a la política tenemos que ser más transparentes y rendir más cuentas porque nos dedicamos a un servicio público. La ejemplaridad en política no es una opción», señala el alcalde.
Hernández Atta sostiene además que el gobierno debe establecer mecanismos que permitan controlar y fiscalizar a quienes ejercen responsabilidades políticas y recuerda que esta iniciativa formaba parte de los acuerdos asumidos por el actual ejecutivo municipal.
«Daremos este y todos los pasos que sean necesarios para garantizar que todo el que esté en política venga a servir y no a servirse de ella», concluye.
La frase cobra una especial dimensión a la vista del alcance real de la medida: a partir de ahora no solo habrá una fotografía de la situación patrimonial de cada concejal al comienzo y al final del mandato. Habrá también un seguimiento periódico de sus actividades, ingresos y posibles incompatibilidades, con las consecuencias administrativas y económicas que pudieran derivarse si en algún momento se comprobase que las condiciones exigidas legalmente no se estaban cumpliendo.
