Valsequillo paga 1,74 millones de euros en facturas atrasadas mientras persiste la polémica sobre un retraso real de pago que podría superar los 500 días
Valsequillo paga 1,74 millones de euros en facturas atrasadas mientras persiste la polémica sobre un retraso real de pago que podría superar los 500 días
El Ayuntamiento asegura haber abonado más de 600 facturas pendientes heredadas del anterior mandato, aunque la operación reabre el debate sobre la verdadera dimensión de la deuda municipal
El Ayuntamiento de Valsequillo ha anunciado el pago de 1.740.454 euros correspondientes a facturas pendientes con proveedores que, según el actual grupo de gobierno, fueron heredadas del anterior ejecutivo de ASBA-CC. La operación, ejecutada durante el mes de junio, ha permitido abonar más de 600 facturas que permanecían sin tramitar en los servicios municipales.
Para hacer frente a estos pagos, la administración local tuvo que tramitar cinco expedientes de Omisión de Función Fiscalizadora (OFI), un procedimiento excepcional utilizado para reconocer obligaciones económicas que no siguieron el cauce ordinario de control y fiscalización. Según el consistorio, estos expedientes fueron elaborados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 y han permitido desbloquear la práctica totalidad de la deuda pendiente.
El anuncio supone uno de los movimientos económicos más importantes realizados por el Ayuntamiento desde la moción de censura que cambió el gobierno municipal en noviembre de 2025. Sin embargo, más allá del pago en sí, la información difundida por el propio consistorio aporta nuevos elementos a una controversia que lleva meses marcando la actualidad política local: la verdadera situación financiera del Ayuntamiento y el alcance real de los retrasos en el pago a proveedores.
Un problema mucho mayor que el reflejado en las estadísticas oficiales
La regularización de estas más de 600 facturas confirma la existencia de un importante volumen de obligaciones económicas que permanecían fuera del circuito ordinario de tramitación administrativa.
Este hecho resulta especialmente relevante porque durante los últimos años el Ayuntamiento ha estado sometido a un intenso debate sobre su Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMPP), el indicador oficial que mide el tiempo que tarda una administración en abonar sus facturas.
Los datos oficiales situaron a Valsequillo en 258,18 días durante el segundo trimestre de 2025, una de las peores cifras registradas en Canarias. Sin embargo, diversos informes de Intervención y Tesorería revelaron posteriormente la existencia de más de 1,8 millones de euros en facturas pendientes de reconocimiento y pago, muchas de ellas fuera de los procedimientos ordinarios.
A partir de esos datos, diversos análisis apuntan a que el retraso real soportado por numerosos proveedores podría haber superado ampliamente los 500 días, duplicando prácticamente la cifra oficial publicada. La razón es sencilla: las facturas que permanecen fuera del sistema o pendientes de reconocimiento no reflejan adecuadamente el tiempo real de espera que soportan las empresas afectadas.
Paradójicamente, la propia nota difundida por el Ayuntamiento parece reforzar esta interpretación al reconocer que fue necesario tramitar centenares de facturas mediante procedimientos extraordinarios para poder proceder a su pago.
Facturas prescritas desde 2013
Uno de los aspectos más llamativos del comunicado municipal es la revelación de que más de 150.000 euros en facturas habrían prescrito administrativamente al superar el plazo legal de reclamación.
Según el concejal de Economía y Hacienda, Víctor Navarro, existen documentos pendientes que se remontan incluso al año 2013, lo que obligará a las empresas afectadas a acudir a los tribunales mediante reclamaciones por enriquecimiento injusto si desean recuperar las cantidades adeudadas.
De confirmarse estos extremos, la situación evidenciaría problemas estructurales en la gestión económica municipal que se habrían prolongado durante más de una década.
La batalla política por el relato económico
El actual grupo de gobierno sostiene que el reconocimiento y pago de estas facturas provocará inicialmente un empeoramiento de los indicadores económicos, especialmente del Periodo Medio de Pago a Proveedores, pero defiende que ese incremento responderá a una imagen más fiel de la realidad financiera municipal.
Desde el ejecutivo local se acusa directamente al anterior gobierno de haber mantenido facturas sin tramitar y de haber ofrecido una imagen distorsionada de la situación económica del Ayuntamiento.
La oposición, por su parte, ha venido cuestionando la gestión económica desarrollada desde la moción de censura y los retrasos que continúan afectando a numerosos proveedores.
Más allá de la confrontación política, los datos conocidos durante los últimos meses reflejan que el principal problema no radica únicamente en el retraso de los pagos, sino en la acumulación durante años de obligaciones económicas que no afloraban de forma completa en la contabilidad municipal.
Recuperar la confianza de proveedores y empresas
El Ayuntamiento reconoce que la elevada morosidad acumulada había deteriorado gravemente la confianza de numerosas empresas y proveedores, algunos de los cuales llegaron a mostrar reticencias a continuar prestando servicios a la administración local.
Con el pago de los 1,74 millones de euros ahora anunciado, el gobierno municipal pretende cerrar una de las etapas más complejas de la gestión económica reciente del municipio. No obstante, la regularización de estas facturas también deja al descubierto la magnitud real de un problema financiero que durante años permaneció parcialmente oculto tras indicadores que, según la documentación conocida posteriormente, no reflejaban completamente la situación que soportaban muchos proveedores.
La incógnita ahora será comprobar si, una vez aflorada toda la deuda pendiente, el Ayuntamiento consigue reducir de forma efectiva los plazos de pago y evitar que vuelvan a reproducirse situaciones que, según los cálculos realizados a partir de los datos disponibles, llegaron a situar el retraso real de algunos proveedores por encima del año y medio de espera.
Esta versión pone el foco en la noticia, pero también en lo que para un lector resulta más relevante: que el pago de 1,74 millones es, en realidad, la confirmación de que existía una bolsa de facturas que ayuda a explicar por qué el PMP real podía estar muy por encima de los 258 días oficiales.
