Canarias y Ceuta soportan la presión migratoria mientras otros discuten quién debe asumirla
Mucha contundencia en el discurso y demasiadas dudas cuando llega el momento de compartir responsabilidades
Por Manuel Afonso
Canarias y Ceuta conocen la inmigración de una manera muy distinta a como se debate desde muchos despachos de la Península.
Aquí no se habla únicamente de cifras, fronteras o discursos políticos.
Aquí llegan las personas. Aquí llegan los menores. Y aquí hay que atenderlos desde el primer minuto.
Cuando los centros están saturados, cuando faltan plazas o cuando los recursos públicos llegan al límite, Canarias y Ceuta no pueden simplemente responder que no tienen capacidad.
Tienen que buscar una solución.
Y precisamente por eso resulta difícil entender determinadas posiciones de PP y, sobre todo, Vox cuando el debate pasa del discurso a la colaboración entre comunidades.
Ceuta vuelve a poner el problema sobre la mesa
La reciente crisis migratoria en Ceuta ha reabierto el debate sobre los menores extranjeros no acompañados y su distribución entre comunidades autónomas.
Desde Vox se mantiene un rechazo frontal al reparto y se insiste fundamentalmente en el retorno de los menores a sus países de origen cuando sabe que legalmente no se puede.
El Partido Popular mantiene una posición más matizada, pero varias comunidades gobernadas por los populares han cuestionado el mecanismo, los criterios y la financiación.
Todo eso puede discutirse.
Lo que resulta más complicado es explicar por qué Canarias y Ceuta deben soportar prácticamente solas una presión que deriva de una frontera que pertenece al conjunto del Estado y de la Unión Europea.
Canarias no puede decir “no tengo plazas”
Ese es probablemente el punto que mejor resume toda la contradicción.
Cuando un menor llega a Canarias, el Gobierno autonómico no puede limitarse a decir que sus centros están llenos.
Tiene que atenderlo.
Por eso el presidente canario, Fernando Clavijo, llegó a advertir que acudiría a la Fiscalía si alguna comunidad se negaba a recibir a los menores que legalmente le correspondieran.
El argumento era sencillo: las comunidades que alegan falta de plazas o recursos están planteando exactamente los mismos problemas que Canarias lleva años afrontando obligatoriamente.
Y ahí aparece la pregunta incómoda.
Si los menores no deben permanecer en Canarias o Ceuta, pero tampoco se acepta su traslado a otras comunidades, ¿dónde se supone que deben estar?
“Que los devuelvan” no resuelve el problema
También resulta muy sencillo resumir toda la política migratoria en una frase: “que los devuelvan”.
Pero los menores no pueden ser expulsados automáticamente.
Cada caso debe analizarse individualmente y cualquier retorno tiene que realizarse con garantías jurídicas y respetando el interés superior del menor.
Eso no impide los retornos cuando legalmente procedan.
Lo que impide es convertirlos en una respuesta automática para resolver un problema político.
Mientras ese procedimiento se desarrolla, alguien tiene que hacerse cargo de esos menores.
Y actualmente ese alguien suele ser el territorio al que llegan.
El debate no puede reducirse a la palabra “invasión”
La inmigración irregular es un problema real.
También lo son la presión sobre los servicios públicos, la necesidad de controlar las fronteras y la obligación del Gobierno de España de mejorar su política migratoria.
Pero utilizar permanentemente términos como “invasión” no resuelve nada.
Puede servir para endurecer un discurso.
No sirve para crear plazas, financiar centros, agilizar expedientes o repartir responsabilidades.
Canarias y Ceuta necesitan menos eslóganes y más soluciones.
También hay que exigir al Gobierno de España
Nada de esto exime al Gobierno central.
Debe mejorar el control fronterizo, agilizar procedimientos, reforzar la cooperación con los países de origen y garantizar una financiación suficiente para los territorios sometidos a mayor presión migratoria.
Pero exigir al Gobierno no puede convertirse en una excusa para que otras administraciones se desentiendan.
Una cosa es criticar la política migratoria y otra muy distinta negarse a compartir sus consecuencias.
Canarias lleva demasiado tiempo comprobando esa diferencia.
Porque mientras unos hablan de inmigración desde la distancia, aquí se habilitan centros, se buscan plazas y se destinan recursos públicos para atender a personas que ya han llegado.
Por eso quizás la cuestión pueda resumirse de una manera mucho más sencilla:
la solidaridad territorial es muy fácil de defender mientras no obliga a asumir una parte del problema.
Y Canarias y Ceuta llevan demasiado tiempo esperando que esa solidaridad pase del discurso a los hechos.
