Muchas leyes, demasiados silencios
Las administraciones reconocen el derecho a recibir respuesta y consultar los expedientes, pero ejercerlo sigue siendo, con demasiada frecuencia, una carrera de obstáculos
Las administraciones públicas cuentan con numerosas leyes destinadas a proteger los derechos de los ciudadanos. Las normas obligan a contestar los escritos, resolver los procedimientos, facilitar información y permitir el acceso a los expedientes administrativos.
Sobre el papel, las garantías existen. El problema aparece cuando llega el momento de ejercerlas.
No resulta extraño presentar una solicitud y esperar durante meses sin recibir respuesta. Tampoco lo es tener que insistir para conocer el estado de un expediente o encontrarse con una documentación difícil de consultar, desordenada o aparentemente incompleta.
El ciudadano no debería perseguir a la Administración
La respuesta de una administración puede ser favorable o desfavorable, pero debe existir y estar razonada. El ciudadano no debería verse obligado a presentar nuevas reclamaciones para conseguir que se atienda el primer escrito.
El silencio administrativo puede producir efectos jurídicos, pero no debería convertirse en una forma habitual de gestionar.
También sería injusto responsabilizar de todos los retrasos a los funcionarios o a los técnicos. En muchas instituciones existe falta de personal, exceso de trabajo, herramientas informáticas deficientes y procedimientos acumulados durante años.
Sin embargo, esas dificultades internas no pueden trasladarse indefinidamente al ciudadano.
Una cadena de responsabilidad
Los ayuntamientos son un buen ejemplo de cómo funciona esa responsabilidad compartida. En ellos intervienen cargos políticos, responsables de área, jefaturas administrativas, técnicos y personal encargado de tramitar los expedientes.
No todos desempeñan la misma función ni tienen la misma responsabilidad. Los técnicos informan, los funcionarios tramitan, las jefaturas organizan y los responsables políticos dirigen las áreas y deben vigilar que la Administración funcione.
Por eso, cuando un escrito queda sin respuesta o un expediente no puede consultarse correctamente, resulta demasiado fácil señalar al último eslabón de la cadena.
El ciudadano no tiene por qué averiguar en qué despacho se detuvo el asunto. Ante el vecino, el Ayuntamiento es una sola Administración y debe responder como tal.
La estructura interna puede explicar dónde se produjo el retraso, pero no debería servir para diluir la responsabilidad hasta que nadie responda.
Ver un expediente no siempre significa poder consultarlo
La transparencia no consiste únicamente en permitir formalmente el acceso a un expediente.
Para que ese derecho sea real, la documentación debe estar completa, ordenada y permitir comprender qué actuaciones se han realizado, qué informes se han emitido y en qué situación se encuentra el procedimiento.
Porque dejar ver una carpeta no siempre significa enseñar todo el expediente.
Cuando faltan documentos, aparecen actuaciones sin explicación o resulta imposible comprobar si se ha facilitado toda la información, surge una duda inevitable: ¿se está garantizando realmente el acceso o simplemente se está cumpliendo con las apariencias?
El problema no parece ser la falta de leyes
España dispone de normas sobre procedimiento administrativo, transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Lo que sigue fallando, en demasiadas ocasiones, es su aplicación práctica.
No basta con aprobar leyes, crear portales electrónicos o proclamar compromisos con la transparencia.
Una administración transparente es la que contesta, explica y permite consultar los expedientes con claridad.
Quizás el problema no sea que falten normas, sino que el ciudadano todavía tenga que insistir, reclamar y acudir a otros organismos para conseguir que se cumplan derechos que ya están escritos en la ley.
